Se trata de un exigente proyecto en el que participan varias universidades españolas, tanto públicas como privadas, para que sus alumnos hagan prácticas en estas zonas despobladas a cambio de una remuneración de 1.000 euros mensuales durante los meses de verano. Desde el citado ministerio justifican esta inversión para poder competir con las empresas como las instituciones públicas ya que el alumno debe pagarse el viaje, el alojamiento y la manutención.
Este será el tercer año en el que se llevará a la práctica este proyecto. Desde su primera edición el proyecto ha crecido en cuanto a alumnos (este año contará con 700) y en financiación de 3.2 millones de euros. Las prácticas contemplan una duración aproximada de dos a cinco meses. «Hay mucha dispersión de los alumnos en el mapa y nos dimos cuenta de que lo interesante y lo que queremos potenciar es que no vaya un alumno solo a un pueblo, sino que haya un grupo.
